Antecedentes
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos profesores que imparten clases en Harvard, abordan la problemática para explicar cómo mueren las democracias. Por medio de diversos casos exponen los medios que tienen relación con los sistemas de la caída de la democracia. Por medio de la teoría de los juegos explican cuatro posibles escenarios que contribuyen a la muerte de los sistemas democráticos: 1. “Si rechaza o tiene una débil aceptación de las reglas democráticas del juego. 2. Si se niega la legitimidad de sus oponentes. 3. Si tolera o alienta la violencia, y 4. Si se tiene una predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.”
Los autores afirman que en caso de que cualquiera de dichas hipótesis se cumplieran, se deben prender las alarmas ya que se estaría en la posibilidad de enfrentarse a que se imponga un régimen autoritario. Y, afirman que “todas las democracias albergan a demagogos en potencia y, de vez en cuando, alguno de ellos hace vibrar al público”, pero es labor de los partidos actuar como cedazos, dado que su principal labor es ser “guardianes de la democracia”.
Si bien la democracia no puede existir sin partidos políticos, en su historia se han vivido situaciones en las que la misma forma partidaria de organización se vuelve contra la democracia, los instrumentos que la hacen posible se convierten en sus principales enemigos. El ejemplo clásico fue el arribo del nacional socialismo al poder en Alemania, mediante elecciones democráticas, y que terminó por instaurar el nazismo, con sus ambiciones de hegemonía y de dominio del mundo. Este ejemplo indica que la sola existencia de partidos políticos no garantiza evitar que lleguen al poder líderes autoritarios. En México desde 1929 se instauró un partido político, hoy conocido como el PRI que, heredero de los aportes de la Revolución mexicana (1910-1917), se fundó para ejercer el poder. Pero ese partido, por su carácter hegemónico y autoconcebido como el legítimo heredero de la revolución mexicana, no permitió el desarrollo de la democracia. Sin embargo, en 1987-1988 el partido hegemónico fue roto y obligado a entrar en un proceso de reformas políticas que derivaron en la transición a la democracia mexicana. Con el triunfo de Morena y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se han presentado señales de alarma por las acciones del nuevo grupo gobernante que se orientan a la construcción de un nuevo partido hegemónico, con tendencia a restaurar el autoritarismo en el sistema político de México.
Planteamiento del Problema
Los artículos 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, definen las normas para garantizar que el cambio de gobierno sea a través del método de elecciones democráticas, con la participación libre de la ciudadanía, y la competencia y coexistencia de partidos políticos.
Con la llegada al poder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, desde la presidencia de la República se han tomado decisiones en nombre de la democracia, como las consultas populares, que no se inscribieron en los marcos legales existentes, e incluso se decidieron accio-nes contrarias al protocolo de la democracia establecido en la legislación mexicana. Esos hechos perfilan la intención de convertir a Morena es un partido hegemónico, pues su principal líder cuestiona a la democracia real de México, posición que podría desembocar en la simulación de una nueva y verdadera democracia, para ocultar el arribo del autoritarismo. En lo sucesivo haremos una reflexión sobre los cuatro temas al principio señalados para contrastarlos con la práctica hasta ahora observada del nuevo grupo de poder.
Débil aceptación de las reglas democráticas
Desde 1989 las fuerzas políticas y sociales opuestas al régimen hegemónico y autoritario del PRI, iniciaron en México un proceso de reformas democratizadoras de la vida política nacional. Este proceso reformista permitió crear nuevas condiciones para la participación ciudadana en los procesos electorales para elegir a los gobernantes. Dicha participación fue posible en la medida en que se crearon las reglas para una aceptable competitividad entre partidos políticos. Entre éstas, la más relevante fue quitarle el control que el partido de estado (PRI) tenía de las elecciones. En su lugar se crearon organismos autónomos para organizar y calificar los procesos electorales, y para sancionar las ilegalidades. Todos esos cambios se reconocieron como la transición a la democracia, y permitieron la alternancia en el poder presidencial a partir del año 2000.
En este arco reformista, en el 2012 se impulsaron nuevas reformas tendentes a una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y a reducir el monopolio que la clase política ejerce sobre los asuntos de gobierno. Así el 14 de marzo de dos mil catorce se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular. Con ella se norma la participación general de la ciudadanía en la solución de temas públicos que suscitan contro-versias, y que para garantizar su solución con legitimidad se le convoca a emitir su apoyo o rechazo sobre el asunto controvertido. La ley mencionada y el artículo 35 constitucional establecen que la convocatoria es para toda la ciudadanía, y que la validez del resultado y sus efectos vinculantes debe realizarse por la decisión de la voluntad mayoritaria de una participación mínima del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Además de indicar que la consulta popular debe realizarse el mismo día de la elección federal en la que se eligen diputados.
Sin embargo, desde que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional llegó al poder ha efectuado varias consultas “Ciudadanas” para resolver sobre temas importantes para la vida nacional. Sin duda, todos los temas sometidos a la consulta son relevantes pues se refirieron a la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; la construcción del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas, y de un tren en el Istmo de Tehuantepec; Implementar Programas Sociales como la plantación de más de un millón de árboles, el incremento al doble de la pensión mensual a adultos mayores, becar a un millón de personas con discapacidad, otorgar becas a 2,6 millones de jóvenes sin empleo y a todos los estudiantes de bachillerato, otorgar atención médica y medicinas gratuitas para personas de bajos ingresos, ampliar la cobertura de internet gratuito en espacios y edificios públicos, y poner en funcionamiento los ductos y la termoeléctrica de Huesca, Morelos.
Sin embargo, todas esas consultas fueron realizadas al margen de la ley, en condiciones contrarias a los procedimientos democráticos del acto de votar para elegir entre opciones. Excepto la última relativa a la termoeléctrica pero que siguió el mismo patrón que las primeras, todas fueron convocadas por instrucciones del presidente electo; se llamó a votar a sectores pequeños de la ciudadanía, siendo temas de interés general; se prescindió de la intervención del Congreso de la Unión, de la SCJN, del INE, de la FEPADE, y del TEPJF. Los organizadores fueron el partido Morena y la fundación Rosemblueth, las votaciones se hicieron por más de un día, las urnas fueron resguardadas en domicilios particulares sin ningún género de protección y el conteo fue realizado por los organizadores. Aun con estas anomalías, los resultados fueron tomados por el presidente electo como vinculantes. Pero lo más extraño a la democracia es que esas consultas se realizaron para justificar decisiones adoptadas de antemano, y con la influencia decisiva de quien ya había tomado dichas decisiones. Por eso se puede afirmar que tales consultas fueron simulaciones y actos ilegales que nada tienen que ver con la democracia.
Combate a la oposición desde el gobierno
Los resultados electorales del primero de julio de 2018 le dieron a Morena y a su principal dirigente Andrés Manuel López Obrador 30 millones de votos, con lo cual se configuró un gobierno con un alto nivel de legitimidad y de apoyo popular. Cambiaron radicalmente las correlaciones de fuerza, de una presidencia con fuertes contrapesos institucionales, representados por la mayoría opositora en el poder legislativo y un poder judicial que, si bien no dejaba de tener influencia del poder ejecutivo, se alineaba a la nueva situación de la relativa operatividad de los contrapesos políticos institucionales, se pasó a una presidencia sin contrapesos fuertes y centralizadora del poder.
Ese centralismo fue posible porque con la elección del 2018 el poder ejecutivo se fortaleció con el control que alcanzó Morena, pues ganó la presidencia de la República y la mayoría en la Cámara de Senadores, en la de diputados y en 19 legislaturas locales. Esta condición coincidió con la actitud práctica de concentración del poder que caracteriza a López Obrador.
Pronto el líder de la nueva clase gobernante, con la enorme concentración del poder en el Presidente, empezó a impulsar una tendencia hacia la conversión de Morena de partido dominante a partido hegemónico. La visualización de un horizonte en el que Morena pueda ser un partido hegemónico con posibilidad de gobernar por un largo período, fue puesta en marcha con medidas tendentes a reducir el campo de acción de las oposiciones políticas.
De inmediato, restringió la participación de las fracciones parlamentarias de acuerdo a su representatividad en la Cámara de diputados. De modo que la libertad de participación que antes se contabilizada como grupo parlamentario quedó restringida. La oposición que desde 1988, pero sobre todo en 1997 cuando el PRI pierde su mayoría en dicha Cámara, podía tomar el micrófono el tiempo y las veces que quería, ha quedado en el pasado, hoy por cada seis participaciones de Morena al PRD te toca una. Pero donde mejor se puede ver la restricción de la oposición es en la soberbia que muestran los dirigentes de Morena en los procesos de reformas legislativas y constitucionales, en los que su actitud central es no construir consensos porque cuentan con los dos tercios de la legisladora y, por lo tanto, tienen la mayoría suficiente para resolver sus asuntos sin necesidad de dialogar, escuchar a la oposición y elaborar propuestas incluyentes. Solo la presión de la sociedad civil y la decisión de los parti-dos opositores, que exigen escuchar a la ciudadanía y tomar en cuenta sus propuestas, ha permitido que la oposición se pueda ver, y alcanzar algo de influencia política y legislativa en la Cámara de Diputados.
La tendencia a disminuir a los opositores y reducir sus capacidades de competitividad, se encuentra también en la iniciativa presentada por Morena para reformar las leyes y reducir al 50% el presupuesto público que se le otorga a los partidos políticos. El escenario que podría generarse con esta medida es reducir la pluralidad partidaria, lo que sería genial para los propósitos hegemonistas de Morena y de López Obrador. Esta acción tendente a reducir los ingresos monetarios a los partidos, y para reducir la pluralidad partidaria, va en sentido contrario a las iniciativas de más de cien organizaciones ciudadanas que han decidido solicitar registros como nuevos partidos políticos. Esas solicitudes demuestran que existen aún grandes grupos sociales que no se sienten representados por los siete partidos que poseen registro como partidos nacionales, incluida Morena.
La iniciativa para reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos, va de la mano con una idea que circula entre los altos mandos de Morena, interesados en legislar y reducir a 100 la presencia de los diputados de representación proporcional. En la actualidad la sobre reprentación es un problema que aún no se resuelve del todo. La ley aún tolera el 8%. Pero este porcentaje fue superado por Morena que con el 53% de los votos tiene garantizado los dos tercios (66%) de los 500 diputados federales, logrado con la atracción mediante ofrecimientos de puestos y de dinero a diputados de otros partidos para que voten por las iniciativas de Morena. Si se reduce a 100 las diputaciones plurinominales la sobre representación será mayor, pues tendrá más peso el sistema de elección de diputados por mayoría simple que deja sin representación a los ciudadanos que votan a favor de los candidatos perdedores.
En la experiencia de México recordemos que la mejor época del PRI hegemónico fue cuando predominaba el sistema de elecciones por mayoría simple, que le permitió al partido del gobierno ganar siempre casi todos los distritos y mantener un férreo control de las Cámaras de senadores y diputados. La experiencia de otros países indica que el método más justo y que mejor expresa la representatividad de un ciudadano un voto, es el método de la representación proporcional pues con éste el número de diputados que llegan a la cámara es equivalente proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada partido.
Sin duda la expresión más fehaciente de la intención gubernamental de limitar a la oposición se encuentra en el método de comunicación que practica el Presidente de la República. En sus conferencias matutinas sistemáticamente ataca a quienes considera sus enemigos, con etiqueta de conservadores, fifis, neoliberales, corruptos, todo ello sin opción de defensa. Es clara la intención de reducir a la oposición al mínimo hasta hacerla dócil y maleable a los intereses hegemónicos de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.
La polarización social como estrategia del poder
En realidad, no se puede decir que López Obrador fomenta la violencia. Lo que sí se puede afirmar es que fomenta la división de la sociedad mexicana entre los seguidores de su Cuarta Transformación y los contrarios o críticos de ella. La polarización es construida con la atracción de los seguidores del líder de Morena a quienes califica de pueblo bueno y sabio, de pueblo que nunca se equivoca y, que es confrontado mediante un discurso acusador de los enemigos que viven en la élite, que forman la mafia del poder, y que por ser los machuchones de arriba siempre se han beneficiado del presupuesto público a costa de la miseria del pueblo. La mafia del poder es la etiqueta que más le gusta a López Obrador para colocársela a sus enemigos. Dos ejemplos de dicha confrontación. La protesta que un pequeño grupo de Morena montó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los ministros exigiendo que se reduzcan el salario como lo pedía el Presidente de la República. Y la consulta popular sobre la termoeléctrica de Huexca, Morelos, que enfrentó a los morenistas con los miembros de la Organización sociales que se opone a la construcción de los ductos y de la termoeléctrica.
La estrategia entonces es consentir al pueblo bueno y sabio, pero sobre todo buscar una relación directa del presidente con los beneficiarios de las políticas sociales. Es entonces cuando se expresa de nuevo la intolerancia hacia la oposición. Las organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones sociales que no están subordinadas al mando de Morena se convierten en enemigas por ser mediadoras entre la gente y el gobierno.
Para destruir a tales organizaciones se emplea la lucha contra la corrupción, y sin demostrar los dichos la poderosa voz presidencial señala y acusa diciendo que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales son corruptas. Y acto seguido se toman medidas concretas, desde luego no se les denuncia penalmente, porque no hay pruebas, simplemente se les deslegitima socialmente y se les quita el presupuesto público. Así, el otorgamiento de dinero se promete hacerlo a los beneficiarios de modo directo. Este es el método practicado contra las estancias infantiles y contra los refugios para mujeres violentadas.
Entonces mediante el fomento de la polarización social y política desde la Presidencia de la República, se construyen amigos que se convierten en los fieles luchadores contra los enemigos que señala el líder, y mediante el discurso contra la corrupción y el recorte presupuestal se le debilita al enemigo y se construye el vínculo directo del líder y el pueblo, del Presidente de la República y los beneficiarios de los programas sociales.
La libertad de expresión en peligro
No se puede decir que desde el poder se esté limitando la libertad de expresión, que se persiga a los periodistas y que se censure la información. El fenómeno que se está dando en Mexico con la estrategia mediática del Presidente de la República, es el de lograr la dirección informativa con base en la emisión cotidiana de la información, como se aprecia en las conferencias presidenciales matutinas (de lunes a viernes). La estrategia es controlar la opinión publicada a través de la saturación de la información que se emite a los medios a través de un solo emisor representado por el Presidente de la República. El comunicador reúne a todos los medios, les proporciona la información que desea difundir, se abre a responder preguntas, conmina a los medios a ser su colaborador en la lucha contra la corrupción, les acepta las denuncias, siempre y cuando no sea contra sus colaboradores o miembros de Morena, y les abre espacios que en los gobiernos anteriores se mantenían herméticos, como el de la seguridad.
Los medios de información ya no se controlan a través de los mecanismos tradicionales, como los usados por el PRI, mediante el monopolio del papel y de la inversión de dinero para corromper al periodista y obtener sus servicios. Pero lo más relevante de esta estrategia de control es el traslado de la identificación de los enemigos a los medios críticos, a los que no se ajustan al formato de informar sin criticar, de alabar, y de no cuestionar.
En los medios se procesa cotidiana y sistemáticamente la lucha ideológica que el Presidente de la República se ha propuesto impulsar contra sus enemigos, a los que descalifica, acusa, burla y ridiculiza para deslegitimar sus opiniones y sus críticas. La acción propagandística del Presidente de la República, le ha redituado en mantener altos niveles de aceptación social y de popularidad.
La libertad de expresión peligra desde el momento en que el Presidente de la República, como jefe de estado, pretende convertirse en la única voz mediática; pretende que sus versiones sean las que se adopte la ciudadanía como suyas; dosifica la información que le interesa sea asimilada por la ciudadanía como información verdadera, y a nombre de la libertad de expresión minimiza a sus enemigos.
Conclusión
Como se puede observar en los temas que hemos reseñado, los mexicanos y las mexicanas debemos prender los focos de alarma ante la evolución de una nueva clase política que presenta rasgos culturales afines al autoritarismo. Dos de estos rasgos son, la actitud subordinada que los miembros de Morena asumen ante Andrés Manuel López Obrador, su jefe maximo, que se expresa con claridad en la aprobación que le otorgan los legisladores de Morena a todas las iniciativas del presidente de la República; y las muestras fervientes de fe que le profesasen sus seguidores, quienes son incapaces de formular alguna crítica contra las acciones de gobierno.
Es sintomático de las tendencias hegemónicas y autoritarias de la clase gobernante el uso de un discurso aparentemente democrático para volcar sus fobias contra la democracia, al menos, contra el sistema democrático que se ha construido en Mexico. Esa nueva clase gobernante se muestra decidida a construir un partido hegemónico, pues no se conforma con tener el control del poder ejecutivo y legislativo federales, sino que quiere más, quiere tener el control del poder judicial y también de los gobiernos de los estados y municipios de la República Mexicana.
Solo una ciudadanía crítica y organizada, una ciudadanía unida a los grupos políticos de izquierda, democráticos, liberales y progresistas podrían frenar las tendencias hegemonistas y autoritarias de la actual clase gobernante. El primer paso para construir un dique político y social que impida el desarrollo del autoritarismo, y por supuesto que impida la muerte de la democracia, es comprender la naturaleza del proceso autoritario y definir una estrategia de lucha en favor de más democracia, impulsando la democratización de la sociedad, la economía y la política, como una lucha estratégica, pues es la única que puede impedir la muerte de la democracia mexicana.
